El gobierno estatal, por fin después de entablar una serie de diálogos con transportistas, pudo convencerlos y hacerlos reflexionar que su actuar era al margen de la ley, por lo que en estos estira y afloja, se pudo llegar al acuerdo de que a partir de hoy, ningún chofer de ningún camión y de ninguna ruta, estaría cobrando 8 pesos como lo habían venido haciendo, por lo que tendrán que cobrar 6 pesos al público en general y 3 pesos a estudiantes y adultos mayores.
Es por ello que el Secretario General de Gobierno, Aníbal Montenegro Ibarra, dejó claro y con el conocimiento y aprobación de los líderes de las diferentes agrupaciones del transporte urbano a que todo aquel chofer que incumpla la norma se le retirará su licencia de manejo, por ello a partir de hoy, regresa el cobro de la tarifa oficial en el transporte urbano, por lo que se ha solicitado a la ciudadanía a denunciar aquellos choferes que no quieran entender.
El funcionario estatal, dijo que el gobierno no se cierra a que pudiera haber un incremento en las tarifas del transporte, pero que este tendrá que darse en base a un estudio técnico que permita definir con claridad y sustento si es necesario aumentar las tarifas y que en porcentaje o si pudiera continuar como está, por lo que dicho estudio tendrá que estar antes del 23 de este mismo mes de octubre.
Dejó claro que la nueva tarifa oficial tendrá que venir a beneficiar a usuarios como a transportistas, ya que no se puede beneficiar a unos y a otros perjudicar, por lo que pidió calma para llegar a resultados que satisfagan a todas las partes involucradas en este dilema, lo que es un hecho es que en este gobierno, nadie estará por encima de la ley, la ley de debe respetar y aplicar.
Aníbal Montenegro, quien preside la Comisión Técnica del Transporte, subrayó que tendrá que se revisada la norma jurídica a fin de incorporar a usuarios y permisionarios a dicha comisión, ya que en la actualidad solo la integran puro funcionarios de gobierno.
Por su parte los líderes transportistas, se comprometieron en avanzar en la implementación de esquemas que fomenten la modernidad del servicio público, así como en una serie de incentivos para el usuario.
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