RESUELVEN DIPUTADOS EL DESAFUERO DE REGIDOR DE SANTIAGO, IXCUINTLA.

La declaración de procedencia es una decisión política que no juzga ni puede prejuzgar sobre la culpabilidad de una de las partes, lo cual será una decisión propiamente jurídica y más precisamente judicial.

 Diputadas y diputados de la Trigésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, constituidos en Jurado de Procedencia, aprobaron este jueves el dictamen que contiene los puntos sustanciales y las conclusiones respecto del Juicio de Declaración de Procedencia, radicado bajo el expediente número JDP/CE/01/2016, en contra del C. Víctor Ponce Castillo, en su carácter de Regidor del Honorable Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Dicho dictamen inicialmente aprobado por los integrantes de la Comisión Especial de Gran Jurado en su Sección Instructora, contiene las conclusiones respecto del expediente antes citado, valorándose para ello las pruebas, los alegatos presentados, además de las consideraciones vertidas por las partes en uso de su derecho de audiencia.

Cabe señalar que el asunto que nos ocupa deriva de la denuncia de Declaración de Procedencia presentada por parte de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, el 19 de agosto del año 2016, en la cual se considera que el funcionario público mencionado, habría incurrido probablemente en hechos ilícitos tipificados como delitos por la Ley Penal del Estado, en contra de la parte agraviada.

Ahora bien, la declaración de procedencia es una decisión política que no juzga ni puede prejuzgar sobre la culpabilidad de una de las partes, lo cual será una decisión propiamente jurídica y más precisamente judicial, así pues su finalidad consiste en suprimir la inmunidad procesal del funcionario público a que se ha hecho mención, para que pueda someterse al proceso penal ante las autoridades competentes.

Finalmente habrá que señalar de manera categórica que el Juicio de Procedencia se ha llevado a cabo cuidando el puntual cumplimiento de todas sus etapas, garantizando además los derechos cardinales que asisten a las partes, atendiendo el compromiso de legalidad e imparcialidad absoluta que caracteriza las acciones de la actual Legislatura.