Al entrar en vigor este nuevo ordenamiento legal que fue presentado por el titular del Poder Ejecutivo, Roberto Sandoval Castañeda, se hace vigente la aplicación de los 203 artículos en sus ocho títulos que conforman el nuevo ordenamiento, destacándose que se continúa con el ejercicio del derecho del acceso a la información pública, sin la necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motiven el pedimento, además de que se establecen los principios en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En el catálogo de sujetos obligados para transparentar su información se encuentran el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial, órganos autónomos, el Instituto Estatal Electoral, organismos de protección de los derechos humanos del Estado, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, los Ayuntamientos y los candidatos independientes, este último debido a que su condición los ubica en un escenario similar a la de los partidos políticos.
También están obligados a transparentar su información las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía, los partidos políticos nacionales con presencia local, los partidos políticos estatales, las agrupaciones políticas estatales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, los fideicomisos, fondos públicos, las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral así como los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos.
Un tema novedoso en este orden jurídico local es la creación de un Consejo Consultivo, el cual emitirá opinión sobre temas como el programa anual de trabajo, el proyecto de presupuesto para el Instituto, el análisis de los programas, proyectos y acciones relacionadas en materia de transparencia; además se establece un catálogo de causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de la materia.
Con la entrada en vigor de esta nueva Ley, las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura contribuyen para que el ordenamiento local en esta materia sea compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello para que se logre una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
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