- El conocido doctor en derecho y especialista en juicios orales, Mario Alberto Clemente Martínez, declinó en sus aspiraciones por participar en la designación de Fiscal General de Nayarit, toda vez que dijo que los abogados han exigido la dignificación de su profesión y sobre todo que se respete la trayectoria y profesionalismo de cada uno de ellos, por lo que al no compartir algunos puntos de la convocatoria para el nuevo Fiscal, es por lo que ha desistido.
Señaló que uno de los puntos que se exige y que le resultan incongruentes es que se les pida 100 firmas que avalen su conducta intachable o su reputación por instituciones o personas intachables, exigencia que cualquiera de los que aspiran a participar, los cumplirán de manera muy desahogada, ya que pueden no solo recabar ese número de firmas sino muchas más, pero lo incongruente es que si se quiere un Fiscal sin compromisos , esta exigencia de firmas se contrapone, ya que el Fiscal estará comprometido con esas personas que le dieron sus firmas.
Esta recolección de firmas, bien pareciera que se quisiera jugar a un concurso de popularidad, haber quien recolecta más firmas y tampoco es una elección popular, por lo que considera que lo que se debiera de preponderar es el conocimiento, la capacidad, el profesionalismo y sobre todo en estos momentos la actualización en el conocimiento del nuevo sistema penal acusatorio, donde la oralidad es la que se privilegia.
El abogado Mario Alberto Clemente Martínez, se le ha conocido como personas que siempre ha sido congruente con lo que piensa, dice y actúa, de ahí que no contraviniendo a estos principios es por lo que prefiere retirarse de esta contienda.
Uno de los cuestionamientos que se han venido haciendo quienes quieren participar en la designación del nuevo fiscal, es quién los evaluará, ya que si bien estarán ante una comisión de diputados que decidirán quién será, es preciso conocer que conocimiento de derecho tienen y si saben el manejo del sistema penal acusatorio, ya que si no conocen de derecho, y sin no conocen de este nuevo sistema de oralidad penal, sencillamente no pueden ser ellos quienes evalúen a los aspirantes.
Es por ello que sería prudente que las diferentes organizaciones o colegios de abogados, fueran quienes propusieran al ejecutivo, o bien que los abogados que no pertenezcan a ninguna organización participen, pero que fueran evaluados por abogados reconocidos, esperamos que estos comentarios sean tomados en cuenta por los diputados quienes serán quienes decidan quién será el fiscal, si en verdad lo quieren independiente del ejecutivo o simplemente lo que buscan es un fiscal “carnal” o a modo.
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