Lo que se está solicitando es que haya una de estas tres figuras jurídicas ya determinadas, eso es precisamente lo que hace el juez de distrito cuando da 30 días naturales para efecto de que el ministerio público se pronuncie en estas tres vertientes, luego el Toro promueve una revisión a esa revisión argumentando que el ayuntamiento no tiene la facultad para interponer juicios de amparo y ahí estaba en revisión y por ende se suspenden esos 30 días que tenía el ministerio público para determinar el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
En ese tiempo el ministerio público solicitó los elementos contables, dictámenes contables, trabajos del área de control de activos, que es donde versan el tema de las denuncias que son de los vehículos y del 12 por ciento que no se enteró al Patronato de la Universidad, y ahí es donde nos percatamos dijo Ramiro Ávila Castillo, que se tomaría más tiempo, ya que el ex alcalde había ofrecido las pruebas contables y nosotros estamos en la disposición de entregar las nuestras.
Se valoró recabar más pruebas contables para emitir un dictamen contable con una empresa seria en este tema y que al final de cuentas el ministerio público considere que sean las necesarias para consignar el expediente ante un juez penal.
Es por ello que fue necesario retirar la excitativa de justicia, porque nosotros estamos aportando más pruebas de convicción, aclarando que el expediente sigue su curso ante el ministerio público, mencionó el jurídico del ayuntamiento capitalino, Ramiro Ávila Castillo.
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