El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Días López, dejó claro una vez más el compromiso de su partido y de la militancia priista, para castigar a los corruptos, a todos aquellos que abusando del poder que ostentan cometen actos de corrupción en detrimento de la hacienda pública estatal.
De ahí que esté a favor de que se castigue al ex gobernador priista, Roberto Sandoval Castañeda y a todos sus funcionarios que hayan cometidos actos de corrupción, pero aclaró, no se les debe de castigar por rumores, por señalamientos infundados o por revanchismo político, se les debe de juzgar con fundamentos, con pruebas reales.
“Nosotros no solaparemos a nadie que haya cometidos actos de corrupción, l contrario hemos sido congruentes al exigir castigo, pero que esto sea para todos y no solo para quienes se fueron, sino para quienes ahora están en el gobierno y cometan corrupciones o excesos del poder, ya que quienes hayan estado al margen de la ley, que se les castigue, pero reprobamos que mediáticamente se les quiere inculpar, si hay elementos de pruebas, que las digan y las aporten ante la autoridad pero si no que se dejen de mediatizar un asunto para allegarse votos”.
Al preguntarle sobre si el PRI, defenderá a Roberto Sandoval Castañeda de estas investigaciones que realiza la fiscalía, dijo que su partido no defiende a nadie que haya cometidos actos de corrupción haya sido quien haya sido, pero tampoco permitirá que se le quiera señalar como corrupto y quererlo procesar sin tener los elementos de prueba para ello, por lo que exigimos a la autoridad que exhiba las pruebas acusatorias concretas o que se deje ya de estar inventando delitos sin pruebas.
Enrique Díaz López, dejó claro que a seis meses de gobierno y de estar señalando en medios que hay elementos para juzgar al ex gobernador por corrupción, y no haberlo hecho hasta este momento, solo se puede entender por dos razones, la primera que hay falta de capacidad para integrar la carpeta de investigación y que por ello no han ejercido acción penal en su contra o segundo que no tienen pruebas contundentes o necesarias para juzgarlo y que solo se trata de una acción de revanchismo político y tercero, que existe una complicidad entre al que presuntamente acusan con la actual administración, así que ellos escojan, cuál es su posición.
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