lunes, 21 de enero de 2019

IRÁN A LA CÁRCEL LOS MAGISTRADOS, SECRETARIOS Y NOTIFICADORES DEL TSJ INVOLUCRADOS EN EL ASUNTO DEL INFONAVIT

Por: MARIO LUNA



 En el caso de los magistrados, jueces, secretarios de juzgados y notificadores involucrados en el caso “Infonavit”, en donde se les despojó a más de 60 mil familias de sus viviendas a través de marrullerías jurídicas ilegales pero al amparo y protección del poder, el diputado panista, Javier Mercado Zamora, dice que los señalados incluyendo a quien fuera ex presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, no tienen escapatoria de la justicia ya que los delitos que cometieron, son graves.
Presidente de la comisión de justicia y derechos humanos, este diputado, aseguró que los juicios de procedencia contra dos magistrados y cuatro jueces son servidores públicos encuadrados en el artículo 125 de la Constitución del Estado de Nayarit, por lo que estamos en la etapa o periodo aprobatorio para que las partes involucradas aporten las pruebas que a su derecho convengan.
Las sanciones que se manejan en la Constitución son entre otras; la destitución como servidor público en caso de que estuviera en funciones, así como la misma inhabilitación para desempeñar cargos en el futuro, ya no hay otra instancia para ellos, porque el Congreso del Estado es una instancia soberana.
En el caso de los dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, incluyendo al propio ex presidente magistrado de este poder judicial, Pedro Enrique Soto, se les tiene acusados por 10 presuntos delitos atribuibles en base a las pruebas que presentó la Fiscalía General de Justicia, son entre otros; asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, delito cometido en la custodia de documentos, tráfico de influencias, delitos cometidos en la administración de la justicia por servidores públicos, falsificación de documentos en general y fraude específico.
Es por ello que a través de este juicio de procedencia se persigue quitar el fuero que tienen estos servidores del poder judicial para poder ser presentados ante las instancias correspondientes
En el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los diferentes recursos de apelación que han interpuesto estos, ninguno de ellos ha procedido, todos se los han negado ante los tribunales federales.




 En el caso de los magistrados, jueces, secretarios de juzgados y notificadores involucrados en el caso “Infonavit”, en donde se les despojó a más de 60 mil familias de sus viviendas a través de marrullerías jurídicas ilegales pero al amparo y protección del poder, el diputado panista, Javier Mercado Zamora, dice que los señalados incluyendo a quien fuera ex presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, no tienen escapatoria de la justicia ya que los delitos que cometieron, son graves.
Presidente de la comisión de justicia y derechos humanos, este diputado, aseguró que los juicios de procedencia contra dos magistrados y cuatro jueces son servidores públicos encuadrados en el artículo 125 de la Constitución del Estado de Nayarit, por lo que estamos en la etapa o periodo aprobatorio para que las partes involucradas aporten las pruebas que a su derecho convengan.
Las sanciones que se manejan en la Constitución son entre otras; la destitución como servidor público en caso de que estuviera en funciones, así como la misma inhabilitación para desempeñar cargos en el futuro, ya no hay otra instancia para ellos, porque el Congreso del Estado es una instancia soberana.
En el caso de los dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, incluyendo al propio ex presidente magistrado de este poder judicial, Pedro Enrique Soto, se les tiene acusados por 10 presuntos delitos atribuibles en base a las pruebas que presentó la Fiscalía General de Justicia, son entre otros; asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, delito cometido en la custodia de documentos, tráfico de influencias, delitos cometidos en la administración de la justicia por servidores públicos, falsificación de documentos en general y fraude específico.
Es por ello que a través de este juicio de procedencia se persigue quitar el fuero que tienen estos servidores del poder judicial para poder ser presentados ante las instancias correspondientes
En el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los diferentes recursos de apelación que han interpuesto estos, ninguno de ellos ha procedido, todos se los han negado ante los tribunales federales.

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