Por: MARIO LUNA
Una de las prioridades en materia financiera que se tiene dentro del permanente quehacer legislativo, es precisamente el crear e impulsar los mecanismos necesarios para transparentar los manejos y aplicación de los recursos públicos, bajo la fiscalización de los principios rectores de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
Es por ello que en la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, que preside la diputada Alba Cristal Espinoza Peña, se atendieron distintas solicitudes de los diversos ayuntamientos, donde aprobaron sus integrantes una prórroga de 15 días naturales para que presenten el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, así como de la Cuenta Pública del 2021.
Los legisladores dejaron claro que el evaluar de manera periódica el desempeño de los gobiernos, su gestión pública y la aplicación de los recursos son acciones fundamentales para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, por lo que consideraron que los ayuntamientos de San Blas, El Nayar, Acaponeta, Ruiz, Bahía de Banderas, San Pedro Lagunillas, Rosamorada, Tecuala, Compostela y Tuxpan, presenten en 15 días sus respectivos Informes de Avance de Gestión Financiera, mientras que en lo que respecta a los municipios de San Pedro Lagunillas, Bahía de Banderas y Tuxpan, entreguen también su Cuenta Pública 2021.
Dicha prórroga es justificable en razón a la contingencia de salud que se vive en el estado y en el propio país, lo que ha originado la restricción de operación de personal en los diversos sectores de gobierno, así lo manifestaron las y los legisladores que integran la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.
Precisaron que la Cuenta Pública, es un informe administrativo en el que se documentan los ingresos, el gasto público, el uso y aprovechamiento de los bienes; y el Informe de Avance de Gestión Financiera, es un documento donde se informan los avances físicos y financieros de los distintos programas aprobados, ambas obligaciones permiten fiscalizar la aplicación y manejo de los recursos públicos de la administración pública.
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