Por; MARIO LUNA
La diputada del Partido Acción Nacional, Laura Inés Rangel Huerta, presentó ante el pleno de los diputado en esta sesión ordinaria del jueves, una proposición de acuerdo que tiene por objeto analizar y revisar los procedimientos de registro de niñas, niños y adolescentes institucionalizados con la intención y objetivo de verificar las acciones realizadas en el Estado en materia de centros de asistencia social.
De manera categórica denunció que los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Nayarit, el gobierno no lo ha garantizado plenamente ya que ha tenido serias y graves dificultades para garantizar su desarrollo pleno, recordando que pese a que la primera instancia es el núcleo familiar de garantizar, proteger y brindar a los menores un ambiente de amor y comprensión, en la realidad no es así, ya que existen familias que en lugar de proteger y velar por ellos, les infringen malos tratos, lo que pone en riesgo manifiesto el interés superior de los menores.
De acuerdo al artículo 20 de la Convención de la Niñez, se les reconoce el derecho a los menores a recibir medidas de protección especiales por parte del Estado, así como es su obligación ofrecerles formas de cuidado alternativo para salvaguardar su interés superior, del mismo modo se obliga al Estado a impulsar instituciones de cuidado y atención residencial, como una adopción para las niñas y niños, que por diversas circunstancias han quedado en el abandono.
Dentro de estas instituciones existen diversas denominaciones, múltiples variantes y modalidades, siendo estas públicas, privadas o mixtas, de tipo transitorio o permanente, por mandato constitucional dijo la legisladora, se ha instruido la observancia y vigilancia a los derechos humanos en el caso de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las políticas públicas generadas solo cumplen el requisito procedimental pero no cumplen la verdadera ejecución de las mismas y tal es el caso en Nayarit, donde no existen reglas claras para la operación de las instituciones que brindan protección y atención de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o del núcleo familiar, por ser estos factor que vulnera el interés superior de aquellos.
Laura Rangel Huerta, cuestionó sobre si verdaderamente el Estado está observando, garantizando y protegiendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Nayarit, por ello es urgente revisar los procedimientos operativos básicos con la intención de verificar que las acciones realizadas a favor de la niñez se estén cumpliendo a cabalidad.
De manera detallada la diputada panista, dijo que en el estado no se tiene ningún censo por las autoridades que recabe datos sobre el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los centros de asistencia social en la entidad, por lo que es imperativo generar dicha herramienta para conocer dicho dato y poder analizar la situación, focalizar problemáticas y poder tomar acciones integrales como responsables en la protección de la niñez y adolescencia nayarita.
Que se tenga un seguimiento de cada una de las acciones emprendidas por las autoridades, donde se cercioren que los derechos de la niñez están garantizados, ya que tampoco se cuenta con una metodología de verificación de las medidas ejecutadas en favor de las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados para saber si se están llevando y/o están siendo efectivas dichas medidas; ante ello hizo un llamado de colaboración y coordinación a los órganos de gobierno para que juntos se puedan atender dichos derechos de las niñas, niños y adolescentes, que necesitan un hogar temporal o permanente, para poder ser factores de cambio y ofrecerles a ellos un mejore presente y la posibilidad de ser adultos responsables en un futuro.
En el 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos mencionaba que existían 137 niñas y niños en albergues o casas de adopción, pero el INEGI, señalaba en ese mismo año, que existían 231 niñas, niños y adolescentes, lo que habla de una incertidumbre en esta información y por lo tanto no se conoce la realidad fehacientemente, asimismo, en el 2018, la CEDH, mencionaba que existían 7 casas hogares, dos públicas y 5 privadas, pero del mismo modo no se puede confiar en ese dato, por lo que la preocupación de todo ello es grande y en beneficio de los menores.
En este mismo sentido el DIF estatal, habla de que un 84 por ciento de los niños institucionalizados fueron dados en adopción, pero al realizar las investigaciones no se coincide con esas cifras en las mismas casas hogar, ya que muchos de esas niñas, niños y adolescentes fueron regresados a sus hogares sin llevar la autoridad una supervisión y seguimiento de estos casos.
La norma NOM-032-SSA3-2010 sobre asistencia social tiene por objeto establecer las características y requisitos que deben observarse en los establecimientos o espacios de los sectores público, social y privado, que presten servicio de asistencia social a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, lo grave está en que dichas casas, que dan cobijo a esos menores de los diversos municipios y que el DIF estatal destina a cada uno de estos lugares, no reciben ni un peso de los municipios ni del Estado para sus subsistencia y deben hacerlo con recursos propios
Es por ello que propongo, dijo la diputada Laura Rangel Huerta, que revisar los procedimientos de registro de niñas y niños institucionalizados con la intención de verificar las acciones realizadas en el estado en materia de centros de asistencia social.
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